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Coello de Portugal Dcho. Comunitario 2 de Gr...docx
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4. Derecho de libre circulación y residencia y principio de no discriminación por razón de la nacionalidad.

4.1 Libre circulación y residencia.

El principio de libre circulación y residencia, con la finalidad de llevar a cabo una actividad económica, ya se había reconocido desde 1951 con el Tratado CECA y desde 1957 en los tratados de Roma. Como eje esencial de un proceso de integración basado en la libre circulación y residencia para:

  • Acceder a un empleo asalariado,

  • Acceder a un empleo por cuenta propia,

  • Prestar o recibir un servicio,

  • Ejercer establemente una profesión, o

  • Abrir un negocio (como comerciante, industrial, etc.)

El Consejo aprobó tres directivas en 1990 en las que extendió el derecho de libre circulación y residencia a capas de la población que no encajaban en el hecho económico que permitía la libre circulación a trabajadores y profesionales. Se trataba de los inactivos laborales (rentistas, jubilados, pensionista, estudiantes). Lo importante es, pues, que todos los ciudadanos de la Unión son titulares de un derecho de residencia que se ejerce con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el Tratado y en las disposiciones de Desarrollo.

Este derecho no se ejerce independientemente de la situación económica y la cobertura sanitaria y social, por lo que quedarán dos categorías fuera del derecho de residencia: los ciudadanos de la Unión que carezcan de recursos económicos suficientes y las personas excluidas por razones de orden público, seguridad o salud pública.

4.2 Principio de no discriminación por razón de la nacionalidad:

Gozar de los derechos de la ciudadanía significa que un nacional de un Estado miembro no puede ser objeto de discriminaciones en el ejercicio de sus derechos ni por las autoridades públicas, ni por otros particulares en cualquier Estado miembro.

La ciudadanía de la Unión elimina, al menos de hecho y en buena medida de Derecho, la categoría jurídica de extranjero referida a un nacional de un Estado miembro. Puesto que el sistema de libertades económicas de los Tratados ha ido quebrando las resistencias a la tradicional política de todos los Estados de restringir y controlar la presencia económica extranjera ya sea por razones de proteccionismo, de seguridad pública o, simplemente de xenofobia.

El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que prohíbe no solamente las discriminaciones ostensibles, fundadas en la nacionalidad, sino que también todas las formas encubiertas de discriminación que, por aplicación de otros criterios de distinción, conducen de hecho al mismo resultado.

En materia de acceso a la función pública, el artículo 45.4 del TFUE excluye la libre circulación y residencia a los empleos en la Administración pública, y el artículo 51 TFUE excluye también de la libertad de establecimiento (profesiones liberales, empresas etc.) a las actividades que, en dicho Estado, estén relacionadas aunque sólo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder público; es decir, con los poderes constitucionales del Estado.

Ahora bien, los Estados no pueden discrecionalmente calificar de función pública cualquier clase de empleo y excluir el acceso a una serie de empleos sólo porque el Estado sea el empresario.

En definitiva, el principio de igualdad de trato o de trato nacional, como también utiliza el Tribunal de Justicia, sólo encuentra un bastión inexpugnable, en la función pública ligada a ámbitos de la soberanía.

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