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  1. El lugar de comisión delito.

Cuando tanto la acción como el resultado del delito se producen dentro del territorio, no existen dudas sobre la aplicación del mencionado principio.

El problema aparece en los denominados DELITOS A DISTANCIA en los que la acción y su resultado se producen en lugares distintos.

La ley española vigente mantiene un absoluto silencio acerca de cual es el lugar de comisión del delito. Opciones interpretativas:

  • TEORÍA DE LA ACTIVIDAD: el delito se ha cometido allí donde el autor ha realizado su acción.

  • TEORÍA DEL RESULTADO: el lugar donde éste se produce es aquél en el que debe considerarse cometido el delito.

Tanto una como otra teoría conducen a lagunas de punibilidad y producen intolerables situaciones de impunidad.

Por ello la doctrina se apoya mayoritariamente en la TEORÍA DE LA UBICUIDAD, con arreglo a la cual puede considerarse cometido el hecho tanto en el lugar donde se ha llevado a cabo la acción como en aquel en el que se ha producido el resultado.

La teoría de la ubicuidad es perfectamente asumible en base a nuestro ord jco vigente: al no manifestarse expresamente el art 23.1 LOPJ sobre el lugar de comisión, permite cualquier interpretación.

  1. Excepciones al ppio de territorialidad: la extraterritorialidad de la ley penal.

Si el principio de territorialidad se mantuviera a ultranza, muchos hechos delictivos permanecerán en la impunidad, teniendo en cuenta no sólo las facilidades para la movilidad internacional de las personas a que hemos hecho referencia, sino también por la aplicación de una serie de principios internacionales que limitan la concesión de la extradición.

En todo caso la extraterritorialidad es supletoria respecto de la territorialidad, es decir, sólo opera cuando el país donde se cometen los hechos no quiere o no puede juzgarlos.

Los supuestos en los que el ord español reconoce la extraterritorialidad de la ley penal española, esto es, la competencia para que los tribunales españoles la apliquen a hechos cometidos en el extranjero, son los siguientes:

  1. Ppio personal.

La ley española puede ser aplicada a hechos cometidos por españoles en el extranjero, predominando con ello la nacionalidad del autor sobre el lugar de comisión del delito.

Al basarse en la nacionalidad de autor, se conoce como principio de personalidad activa. Nuestro derecho no recoge el principio de personalidad pasiva, que otorga competencia a los tribunales del país de la víctima.

El principio personal está sometido a determinados requisitos que, junto a su reconocimiento, se contienen en el art 23.2 LOPJ: “a) que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un tratado internacional o de un acto normativo de una organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito.

b)que el agraviado o el MF denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles.

c)que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o en este último caso, no haya cumplido condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda”.

El requisito más importante es el que exige que los hechos sean punibles en el lugar de su ejecución, lo que se conoce como EXIGENCIA DE DOBLE INCRIMINACIÓN: el ppio personal no puede llegar hasta el extremo de castigar en España hechos que no son delictivos en el lugar en que se cometieron; si lo hiciera, ignoraría la territorialidad de la ley extranjera, sobreponiéndose a ella, cuando de lo que se trata es de que el ppio personal complemente al territorial, pero no a la inversa.

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