1. Los sistemas penitenciarios y los fines de la ejecución penitenciaria.

Se entiende por sistema penitenciario el conjunto de normas que regulan el funcionamiento interno de las prisiones, orientadas a una determinada concepción sobre los fines que debe lograr la privación de libertad.

La mayoría de sistemas penitenciarios actuales se encuadran en los denominados SISTEMAS PROGRESIVOS. La idea central es la progresiva preparación del penado para la libertad.

La característica principal de los sistemas progresivos es el establecimiento de distintos períodos dentro del cumplimiento de la pena, a través de los cuales la dureza del régimen se mitiga progresivamente desde el aislamiento hasta alcanzar el último período, que se cumple en libertad condicional.

La orientación de las penas privativas de libertad a la reeducación y reinserción social está plasmado en el art 25.2 CE y el art 1 LOPG añade “… así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados”.

2. El regimen penitenciario

1. El sistema progresivo español.

La distinción de sucesivos grados en el cumplimiento de la condena tiene su reflejo en los establecimientos de cumplimiento de las penas, que se clasifica en:

• establecimientos de régimen cerrado, destinados a los reclusos clasificados en primer grado.

• Establecimientos de régimen ordinario, destinados a los reclusos de segundo grado y

• Establecimientos de régimen abierto, para reclusos en tercer grado, esto es, situación de semilibertad que permite trabajar fuera de la prisión durante el día.

Junto a los establecimientos de cumplimiento, existen los establecimientos de PREVENTIVOS, destinados a los detenidos de esta clase, y los establecimientos ESPECIALES, en los que prevalece el carácter asistencial (centros hospitalarios, psiquiátricos y de ejecución de medidas de seguridad; art 7 y ss LOPG).

2. Otros aspectos regimentales.

1. el trabajo penitenciario.

El art 26 LO=PG considera al trabajo penitenciario como un derecho y un deber del interno y además, como elemento esencial del tratamiento.

El art 25.2 CE recoge entre los derechos fundamentales, el derecho de los condenados a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la SSSS, cuestión esta última que expresa el principio de asimilación al trabajo libre que siguen también la mayoría de legislaciones europeas.

2. el régimen disciplinario.

3. Los contactos con el exterior.

Los contactos con el exterior más importantes son las comunicaciones y visitas y los permisos de salida.

3. El tratamiento penitenciario.

El tratamiento penitenciario se dirige a la intervención terapéutica sobre la personalidad del interno y ello, en la aplicación de una pena, no puede llevarse a cabo de manera coactiva.

4. El control judicial de la ejecución penal.

El órgano especializado en el control de la ejecución penal es el JUEZ DE VIGILANCIA.

Funciones:

-las funciones como juez ejecutor de penas, para la aplicación de las resoluciones relativas a la privación de libertad, asumiendo las funciones que corresponderían a los jueces y tribunales setenciadores.

- las funciones de control de las decisiones adoptadas por la admón. penitenciaria, en la medida en que resuelve los recursos que los internos le presenten contra las mismas, así como lo relativo a peticiones y quejas.

- funciones decisorias sobre algunos aspectos regimentales, que se reservan al juez por su especial trascendencia, como la sanción de aislamiento en celda por tiempo superior a catorce días y la autorización de permisos superiores a dos días.

- la decisión sobre la libertad condicional y su eventual revocación.

CAPITULO XXXIII

LAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD.

1. La suspensión de la ejecución: la condena condicional

1. concepto

2. requisitos y efectos

3. el supuesto de los drogodependientes

2. la sustitución de la pena impuesta

1. la sustitución de la pena de prisión

2. el quebrantamiento de la pena sustitutiva

3. el supuesto de los extranjeros

3. la libertad condicional.

SECCIÓN 1.ª DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 80.

1.Los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada. En dicha resolución se atenderá fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre)

2. El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad inferiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves y se fijará por los Jueces o Tribunales, previa audiencia de las partes, atendidas las circunstancias personales del delincuente, las características del hecho y la duración de la pena.

3. La suspensión de la ejecución de la pena no será extensiva a la responsabilidad civil derivada del delito o falta penados.

4. Los Jueces y Tribunales sentenciadores podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.

Artículo 81.

Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las siguientes:

1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 de este Código.

2.ªQue la pena o penas impuestas, o la suma de las impuestas, no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa. ( Apartado modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre )

3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado, salvo que el Juez o Tribunal sentenciador, después de oír a los interesados y al Ministerio Fiscal, declare la imposibilidad total o parcial de que el condenado haga frente a las mismas.

Artículo 82. (Artículo modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre)

Declarada la firmeza de la sentencia y acreditados los requisitos establecidos en el artículo anterior, los jueces o tribunales se pronunciarán con la mayor urgencia sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena.

Artículo 83.

1. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el plazo fijado por el juez o tribunal, conforme al artículo 80.2 de este Código. En el caso de que la pena suspendida fuese de prisión, el juez o tribunal sentenciador, si lo estima necesario, podrá también condicionar la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes que le haya fijado de entre las siguientes:

1ª Prohibición de acudir a determinados lugares.

2ª Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, o de comunicarse con ellos.

3ª Prohibición de ausentarse sin autorización del juez o tribunal del lugar donde resida.

4ª Comparecer personalmente ante el juzgado o tribunal, o servicio de la Administración que éstos señalen, para informar de sus actividades y justificarlas.

5ª Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.

6ª Cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la rehabilitación social del penado, previa conformidad de éste, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.

Si se tratase de delitos relacionados con la violencia de género, el Juez o Tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1ª, 2ª y 5ª de este apartado. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre y por Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre)

2. Los servicios correspondientes de la Administración competente informarán al Juez o Tribunal sentenciador, al menos cada tres meses, sobre la observancia de las reglas de conducta impuestas.

Artículo 84.

1. Si el sujeto delinquiera durante el plazo de suspensión fijado, el Juez o Tribunal revocará la suspensión de la ejecución de la pena.

2. Si el sujeto infringiera durante el plazo de suspensión las obligaciones o deberes impuestos, el Juez o Tribunal podrá, previa audiencia de las partes, según los casos:

a) Sustituir la regla de conducta impuesta por otra distinta.

b) Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco años.

c) Revocar la suspensión de la ejecución de la pena, si el incumplimiento fuera reiterado.

3. En el supuesto de que la pena suspendida fuera de prisión por la comisión de delitos relacionados con la violencia de género, el incumplimiento por parte del reo de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1ª, 2ª y 5ª del apartado 1 del artículo 83 determinará la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena. (Apartado modificado por Ley Orgánica 25/2003, de 25 de noviembre y por Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre)

Artículo 85. (Artículo modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre)

1. Revocada la suspensión, se ordenará la ejecución de la pena.

2. Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber delinquido el sujeto, y cumplidas, en su caso, las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal, éste acordará la remisión de la pena.

Artículo 86.

En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los Jueces y Tribunales oirán a éste y, en su caso, a quien le represente, antes de conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena.

Artículo 87.

1. Aun cuando no concurran las condiciones 1ª y 2ª previstas en el artículo 81, el juez o tribunal, con audiencia de las partes, podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el número 2º del artículo 20, siempre que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión.

El juez o tribunal solicitará en todo caso informe del Médico forense sobre los extremos anteriores. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre)

2. En el supuesto de que el condenado sea reincidente, el Juez o Tribunal valorará, por resolución motivada, la oportunidad de conceder o no el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, atendidas las circunstancias del hecho y del autor.

3. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el período que se señale, que será de tres a cinco años.

4. En el caso de que el condenado se halle sometido a tratamiento de deshabituación, también se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su finalización. Los centros o servicios responsables del tratamiento estarán obligados a facilitar al juez o tribunal sentenciador, en los plazos que señale, y nunca con una periodicidad superior al año, la información precisa para comprobar el comienzo de aquél, así como para conocer periódicamente su evolución, las modificaciones que haya de experimentar así como su finalización. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre)

5. El Juez o Tribunal revocará la suspensión de la ejecución de la pena si el penado incumpliere cualquiera de las condiciones establecidas.

Transcurrido el plazo de suspensión sin haber delinquido el sujeto, el Juez o Tribunal acordará la remisión de la pena si se ha acreditado la deshabituación o la continuidad del tratamiento del reo. De lo contrario, ordenará su cumplimiento, salvo que, oídos los informes correspondientes, estime necesaria la continuación del tratamiento; en tal caso podrá conceder razonadamente una prórroga del plazo de suspensión por tiempo no superior a dos años.

[arriba]

SECCIÓN 2.ª DE LA SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 88. (Artículo modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre)

1. Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas de prisión que no excedan de un año por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, aunque la Ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo. En estos casos el juez o tribunal podrá además imponer al penado la observancia de una o varias obligaciones o deberes previstos en el artículo 83 de este Código, de no haberse establecido como penas en la sentencia, por tiempo que no podrá exceder de la duración de la pena sustituida.

Excepcionalmente, podrán los jueces o tribunales sustituir por multa o por multa y trabajos en beneficio de la comunidad, las penas de prisión que no excedan de dos años a los reos no habituales, cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social. En estos casos, la sustitución se llevará a cabo con los mismos requisitos y en los mismos términos y módulos de conversión establecidos en el párrafo anterior para la pena de multa.

En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1ª y 2ª, del apartado 1 del artículo 83 de este Código. ( Modificado por Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre )

En estos supuestos, el juez o tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en los números 1 y 2 del apartado primero del artículo 83 de este Código. (Apartado modificado por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre)

2. En el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, la pena de prisión inicialmente impuesta se ejecutará descontando, en su caso, la parte de tiempo a que equivalgan las cuotas satisfechas, de acuerdo con la regla de conversión establecida en el apartado precedente.