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  1. El carácter constitucional de las garantías contenidas en el ppio de legalidad.

El Contenido esencial del principio de legalidad en materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley, lo que coincide propiamente con el denominado principio de legalidad de los delitos y las penas, frecuentemente expresado mediante el aforismo NULLUM CRIMEN, NULLA PONEA, SINE LEGE.

Nos encontramos ante un principio plenamente asumido por la comunidad internacional(declaración universal de derechos humanos de 1948; convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 1950; pacto internacional de derechos civiles y políticos de nueva Cork de 1966).

Sin embargo la mera existencia de una ley no garantiza el cumplimiento del principio de legalidad en la aplicación de una pena.

La ley debe reunir una serie de requisitos que generalmente se resumen en la necesidad de que sea ESCRITA, PREVIA a la realización de los hechos que se pretende sancionar y ESTRICTA esto es, que establezca claramente las características del hecho punible.

Según los distintos momentos sobre los que opera, el principio de legalidad de los delitos y las penas contiene:

  • en primer lugar las denominadas garantía criminal y garantía penal. Estas garantías actúan en el momento de la definición legal de los delitos y las penas y en el de la decisión sobre la responsabilidad penal y la pena aplicable.

  • Garantía procesal y jurisdiccional: el principio de legalidad exige que la decisión sobre la responsabilidad penal y sobre la pena aplicable se lleve a cabo mediante el proceso establecido legalmente y por los órganos judiciales competentes.

  • Garantía de ejecución o principio de legalidad de la ejecución: la pena impuesta se ejecute con arreglo a las disposiciones vigentes.

En nuestro ord jco con carácter general se recoge en el art 9 CE “1. los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos al la CE y al resto del ord jco.

3. la ce garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jca, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Asimismo el art 117.1 CE establece que la justicia se administra por jueces y magistrados “sometidos únicamente al imperio de la ley”.

Ahora bien en materia penal el art 25.1 concreta, estableciendo que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”.

El TC distingue entre aspectos materiales y formales del principio de legalidad. Garantía material como “predeterminación normativa de las conductas ilícitas y las sanciones correspondientes” y garantía formal, lo que equivale a la reserva de ley en materia penal.

Sin embargo las formulaciones de los art 9.3 y 25.1 CE no agotan todo el contenido del ppio de legalidad penal. Las demás garantías propias del principio de legalidad se asientan en otros preceptos constitucionales o de rango inferior. Ej art 2 Cp en cuento a la referencia al establecimiento de penas; los derechos fundamentales y las libertades públicas del art 53.2 CE son susceptibles de protección extraordinaria y de recurso de amparo ante el Tc por su violación.

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