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  1. Derecho de asilo.

El asilo es la protección concedida por un estado a la persona que se refugia en su territorio, huyendo de la persecución de que es objeto por parte de otro. Protección que se plasmará en la denegación de la extradición si ésta se solicita.

Art 13.4 ce “ la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España”. Este art ha sido desarrollado por la ley 5/1984, modificada por la ley 9/1994.

El art 2.1 de esta ley configura el asilo como “la protección dispensada a los extranjeros a los que se reconozca la condición de refugiado y que consiste en su no devolución ni expulsión en los términos del art 33 de la convención sobre estatuto de refugiados, hechos en ginebra el 28/07/1951”.(incluir aquí a quienes temen ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas).

Los tratados de Dublín y Schengen, determinan cual es el estado miembro al que corresponde el examen de cada solicitud de asilo, de modo que no todas las solicitudes de asilo recibidas en territorio español deberán ser resueltas por el gobierno de este país.

  1. Derecho internacional penal: especial consideración del tribunal penal internacional.

Se alude a las normas emanadas de la comunidad internacional y dirigidas a la persecución de actos delictivos, que pueden provenir tanto de acuerdos interestatales como de los organismos internacionales.

Convenios internacionales dirigidos a la persecución de determinados delitos:

-el de prevención y sanción del delito de genocidio de 1948.

- el convenio para la represión de la trata de personas y explotación de la prostitución ajena de 1950.

- la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984.

Todos ellos han sido ratificados por España.

El estatuto de roma del Tribunal Penal Internacional, aprobado el 17/06/1998, ratificado por España, es un Tratado ya en vigor que constituye el paso más serio en el establecimiento de una jurisdicción penal internacional.

El tpi se constituye para juzgar a personas y nace como tribunal permanente, lo que le diferencia de los tribunales nombrados ad hoc para actuar después de un conflicto bélico (ruanda, ex Yugoslavia).

Su jurisdicción se extiende a los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, que también son definidos en el Estatuto de Roma. El tpi es competente para juzgarlos cuando se cometen en el territorio de un estado parte (es decir, que haya ratificado el estatuto) o por nacionales de un estado parte, aunque hayan delinquido fuera del territorio de éste.

El tpi actúa a instancia de un estado parte, el consejo de seguridad de la ONU o del fiscal del tpi.

Funciona en base al principio de COMPLEMENTARIEDAD, es decir, sólo si las jurisdicciones nacionales e cuyo territorio se cometen los hechos no pueden o no quieren juzgarlos y también si ya los han juzgado pero de forma que han producido de facto su impunidad, o contra los intereses de justicia definidos en el estatuto o en un proceso sin las reglas propias de un juicio justo.

El estatuto de Roma no tiene efectos retroactivos por lo que no podrá juzgar los crímenes cometidos antes de su entrada en vigor.

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